Corrupción judicial en España

«La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero». (Donatien Alphonse François, Marqués de Sade)

«Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia». (Bertolt Brecht)

La judicatura española es un nido de corrupción. No hay manera de atajar el endémico estado de prevaricación en la magistratura y el ministerio fiscal. La prevaricación omisiva no se penaliza, significando la principal causa de inoperancia del sistema judicial.

Ningún magistrado tiene razón para considerar subjetivamente si tiene a bien admitir o no a trámite la incoación inexcusable de un procedimiento; la inadmisión caprichosa constituye una prevaricación omisiva. El abandono de la tutela judicial supone un delito de obstrucción imputable al juez y el fiscal, sumando la arbitraria connivencia en el hecho que se pretendía juzgar. El funcionario negligente no debe quedar exento de responsabilidad penal y civil cuando falta a su obligación.

Cualquier denuncia contra un miembro de la judicatura se archiva sin darle curso, y el denunciante se convierte en denunciado en un clarísimo acto de represalia. Un auto de archivo sin razonamiento legal implica la continuidad de la infracción, su agravamiento y encubrimiento. El colectivo entero ha establecido una organización criminal orientada a la conspiración y el concierto delictivo para eludir la responsabilidad civil y penal que debería incluir a los instructores que no respetan el marco jurídico.

Las resoluciones son ilógicas y arbitrarias. Una sentencia irracional e incompleta comprende la comisión de uno o varios delitos cometidos por los responsables del órgano procesal. Con ello, están vulnerando los derechos fundamentales. La inmunidad de los magistrados y fiscales representa una amenaza para el Estado de derecho. Ningún juez puede quedar impune cuando infringe la ley o se la inventa. Nos engañan proponiendo una simple inhabilitación cuando corresponde pena de cárcel para estas trasgresiones. El corporativismo de los funcionarios es un atentado contra la democracia.

Los jueces y fiscales que incumplen su obligación profesional incurren, como mínimo, en cinco delitos simultáneos: obstrucción a la justicia, falsedad en documento público (cuando niegan las evidencias), prevaricación, encubrimiento, además  del abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos, a lo que se suman las habituales faltas por desatención, inobservancia, ignorancia inexcusable en el cumplimiento del deber y posibles abusos de autoridad. Deben actuar, mas no lo hacen porque no les da la gana.

El poder judicial está infringiendo todos los preceptos constitucionales establecidos en nuestra carta magna. Hay una responsabilidad civil y penal derivada del continuo quebrantamiento que deben asumir; la penal tiene nombres y apellidos, no basta con señalar el organismo o conjunto que representan.

Los jueces y fiscales no son autónomos ni independientes, se corrompen en el ejercicio diario por su relación con los grupos políticos, lobbies y otros funcionarios. El proceso judicial es un engaño. La perversión institucional es completa. No hay división de poderes.

Para desgracia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, los jueces y fiscales son intocables, ningún Gobierno se ha atrevido a despojarles de sus inmerecidos privilegios legales. En consecuencia, estos funcionarios están exentos de responsabilidad frente al desenfreno judicial en las resoluciones por ellos tomadas. Para afianzar la inmunidad en cualquier circunstancia, los diputados, senadores, parlamentarios regionales de los partidos más votados, y los miembros del Gobierno central y autonómico, tienen pleno control sobre los componentes del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, el Constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia y el Fiscal General del Estado, los cuales, a su vez, también gozan de igual prerrogativa de aforamiento y dependen del voto político para su elección. Romper la disciplina de partido trae consigo la represalia contra el cargo electo díscolo. No hay independencia judicial.

La prevaricación de los funcionarios de justicia puede ser recompensada sin levantar ningún tipo de recelo por esta compra encubierta. El cohecho, la malversación de caudales públicos, la apropiación indebida, se ocultan detrás de un aparente contrato legal, como puede ser el nombramiento para un órgano superior, un cargo político, o el fichaje en una universidad como profesor asociado a tiempo parcial, lo que permitirá obtener unos ingresos extraordinarios de un modo muy sutil.