De Felipe a Rajoy, pasando por Aznar y Zapatero: las consecuencias de sus errores políticos

El período de gobierno socialista (1982 a 1996) se caracterizó por una política orientada a la consolidación del Estado de bienestar. Las clases menos favorecidas se beneficiaron considerablemente de un reparto de recursos y una dignificación de sus condiciones de vida. El "Estado benefactor" inició programas de garantía de ingresos, dotó de medios materiales y asistenciales las áreas de población marginal o con menos infraestructuras, e implementó una renovación de la inserción laboral. Hacia 1993 una de las habituales crisis cíclicas de la economía supuso una amenaza al proyecto.

Progresivamente se desmantelaba la deficitaria estructura industrial heredada del franquismo. El viejo Estado paternalista comenzó a traspasar las competencias de las empresas bajo su tutela a manos del capital privado, mucho más pragmático. El plan ya venía de atrás; el gobierno de la UCD (1977 a 1982) envuelto en plena transición a la partidocracia no podía correr el riesgo de provocar una crisis política y económica mayor de la que ya se padecía.

Para la mayoría de los analistas no podía haber sido de otra manera. El mantenimiento de las empresas estatales y determinadas instituciones era insostenible. La convergencia económica de Maastricht supuso la obligatoriedad de abandonar definitivamente la anterior estructura de cada país involucrado. La globalización, la lucha contra el déficit público, la privatización, forzaron la adaptación a un modelo más competitivo donde la búsqueda de un beneficio es la máxima meta.

De un lado tenemos la destrucción de una parte del empleo fijo. Obviamente, la plantilla de la Administración es más estable que el ofrecido por la empresa privada por lo que no se ve afectada. Y de otro lado, existía ya una tendencia a la cultura de dependencia institucional por parte de los desplazados por la nueva situación. Tanto los que habían pertenecido a la población activa real, como los beneficiarios no contributivos, eran "compensados" con prestaciones sociales. La reinserción al trabajo se había complicado demasiado; las exigencias y restricciones impedían una salida satisfactoria para miles de desempleados. Quien no consigue hacerse funcionario está condenado a la contratación temporal o a padecer unas condiciones indeseables. Ante la falta de expectativas se consolidaba una falta de integración.

De la indemnización y protección social provisional se pasaba a una cronificación y, en algunos casos, al acomodo, al uso abusivo de las prestaciones. Se difundió la idea de que el Estado tenía la obligación de solucionar todos los problemas personales, era el culpable de todo y debía resarcir a los ciudadanos.

En el plano económico el Ejecutivo de Aznar (1996 a 2004) consumó la tendencia privatizadora auspiciada por el gobierno socialista, aminorando el gasto público hasta cumplir los criterios de convergencia fijados en Maastricht: la tasa de inflación no debe exceder del 1,5% ; el déficit público general no superará el 3% del PIB; deuda pública inferior al 60% del PIB; interés nominal a largo plazo inferior al 2% ; tipo de cambio compatible con el Sistema Monetario Europeo.

En lugar de fomentar un industria diversificada, la actividad económica se concentró en el sector inmobiliario. Al margen de un engañoso crecimiento del empleo ligado a la construcción, la mayoría de los contratos de trabajo se caracterizaban por su elevada tasa de temporalidad y una permanencia breve. Abundaba el empleo precario, marginal, inestable, y dado que la mayor parte del irregular sueldo debe destinarse a la vivienda, se reduce drásticamente el consumo de otros bienes, perjudicando las empresas. Sin clientes, en aquellas sociedades mercantiles, también endeudadas, se suceden las quiebras. Los bancos son ajenos al drama, e incluso continúan acumulando beneficios provenientes de los depósitos de los especuladores y los bienes embargados. Ahora bien, los bancos no manufacturan otros recursos, no producen, sólo especulan. A veces hasta admiten dinero negro. Ahí está el origen de la crisis.

Lo que en un principio se entiende como positivo terminará demostrando el imperfecto carácter cortoplacista de las medidas adoptadas. La precariedad laboral conlleva la imposibilidad de recabar datos estadísticos fiables acerca de la población ocupada, erróneamente confundida con la población activa que incluye los desocupados. El insistente recurso eufemístico no contribuyó a remediar el progresivo incremento del desempleo ni mejorar el deterioro de la renta familiar. El pretendido crecimiento económico no era correspondido con la generalización del bienestar material. Los beneficios obtenidos durante las dos legislaturas del Partido Popular manifiestan una categórica asimetría y una involución en política social.

La espiral inflacionista en los precios de la vivienda indujo el infranqueable sobreendeudamiento familiar, uno de los factores de la crisis actual. Las instituciones políticas de ámbito nacional, autonómico y local, podían regular este campo mediante una adecuada gestión del suelo aplicando sus respectivas competencias en los planes de urbanismo y vivienda.

Vendieron como éxito nacional la acumulativa ganancia de las entidades financieras, cuando éstas son, precisamente, el principal enemigo de la auténtica industria. Esto no ayudó a levantar un óptimo tejido empresarial. Nuestro país tenía una deficiente estructura productiva.

Mientras los inversores más importantes y mejor relacionados obtienen subvenciones, los pequeños y medianos empresarios se ven forzados a solicitar créditos, aportes envenenados. Manteniendo el principio de que el "dinero es deuda", los bancos optaron por facilitar créditos a todo el mundo. En el peor de los casos las financieras se quedarían con los bienes hipotecados.

Las familias llevan endeudándose desde que los gobernantes y la banca sobrestimaron la capacidad económica de los particulares para llegar a la interesada conclusión de que ya no es necesario financiar la construcción de nuevas viviendas sociales (VPO de régimen especial o VPP de promoción pública) para la clase trabajadora con ingresos mínimos. Incluso las viviendas protegidas de régimen general y las de precio concertado (destinadas a propietarios con ingresos medios) empiezan a desmarcarse de las posibilidades económicas de los salarios corrientes.

El desequilibrio se debe, ante todo, a una indecente sobreespeculación de la vivienda y el suelo. Se advierten competencias y responsabilidades políticas. La construcción de inmuebles básicos y la gestión del suelo no se pueden dejar en manos del sector privado ya que esto supone un genocidio de las rentas más bajas fomentando la marginación y la conflictividad social.

La crisis comienza cuando "alguien" sugiere la rentabilidad que supone convertir cada ciudadano, cada familia, en un cliente sujeto a hipoteca. ¿Tiene esto algo que ver con la relación entre promotores inmobiliarios, banqueros y clase política? Tanto la actividad inmobiliaria como la política precisan fondos de algún sitio. ¿Cómo puede dejarse la gestión de bienes básicos en manos de los especuladores-depredadores? ¿Cuánto dinero negro se ha movido durante todos estos años? ¿Qué medidas han tomado?

España naufraga en estrategia comercial. En consecuencia la estructura productiva se ha venido abajo. Dependemos en exceso de círculos políticos para ejecutar cualquier iniciativa. El Partido Popular, igual que el PSOE y CiU, ha fomentado un pseudoliberalismo que perjudica el crecimiento económico. Sin contactos políticos, tráfico de influencias y cohecho, resulta imposible obtener concesiones y beneficios. Nada es ajeno al mercado político. Tenemos un sistema dominado por el clientelismo político y la corrupción —estructural y sistémica—. Tampoco hay división de poderes.

Sin tejido productivo no hay empleo, y sin perspectiva de obtener dividendos ni confianza en recuperar lo invertido, no se crean nuevas empresas.

No comparto la idea de que la supuesta crisis aparece en 2007, arrecia en 2008 y permanece hasta hoy. Prefiero hablar de continuidad en la mala gestión global. Lo único que nos salva es el menor precio en los artículos tecnológicos y de algunos alimentos. Quizá no sea tan bueno para los productores, pero si no fuera por ello, millones de personas no podrían consumir prácticamente nada.

Nos encontramos con miles de familias y particulares encadenados a hipotecas a las que no pueden responder por la precariedad del empleo (el mercado laboral no funciona), una dramática pérdida del valor de nuestros ingresos y la desproporcionada subida en el coste de la vivienda (en algunos casos se ha elevado hasta un cuatrocientos por cien en menos de tres lustros). Cada alza en el precio de un inmueble suscita otro. Se genera así una típica cadena inflacionista que concluirá sobrepasando la agotada demanda. Por otro lado, tenemos empresas inoperantes que tampoco pueden solventar sus hipotecas o créditos. La criminal especulación inmobiliaria contribuye a la carencia salarial.

En 1993, que no es remontarse muy atrás, podíamos encontrar una vivienda decente por 18.000 euros. En 2009 esta misma vivienda no nos la vendían por menos de 180.000 euros, diez veces más. No pasaron tantos años como para justificar una subida tan exagerada. Este es el efecto de la especulación.

No resulta tan buena noticia la bajada de los tipos de interés, lo cual corresponde al Banco Central Europeo desde el año 2000. Por un lado, se está privando a miles de modestos ahorradores y pensionistas de una pequeña fuente de ingresos complementarios. Generalmente, los intereses obtenidos en renta fija se convierten en líquido para estas unidades ahorradoras y contribuyen con un mejor estímulo para reactivar el consumo. Vuelve a circular capital en el mercado. Por el contrario, con una tasa de interés baja se pierde responsabilidad. Surgen prácticas irracionales muy peligrosas —debidas a la falta de información— que afectan a un dinero que no encuentra una salida ventajosa adecuada.

Con los tipos bajos se fomentan actividades especulativas más arriesgadas. Los ahorradores son forzados a obtener un rédito mayor en nocivas operaciones de renta variable que no pueden ser provechosas para inversores profanos que carecen de la necesaria información periódica del curso del mercado de valores que otros jugadores sí disponen. Incluso vemos cientos de casos donde ni siquiera se preocupan de hacer un seguimiento continuo de su inversión, acostumbrados a las imposiciones a plazo fijo. Muchas veces, hasta se promueve la inclusión de accionistas humildes o desinformados para cubrir la retirada de socios mejor provistos, es decir, para absorber las pérdidas y evitar la caída en el valor de las acciones.

Otro efecto de un inadecuado descenso de tipos es la tendencia de acaparar bienes con fines especulativos o crear negocios estériles que se convertirán en nidos de futuras deudas y causarán la pérdida de los ahorros.

A medio y largo plazo, el sostenimiento de una política basada en la fijación de tipos bajos no sólo no contribuye a la circulación de capital, sino que deriva en una espiral de endeudamiento, reducción del consumo una vez agotados los ahorros, se incrementa la especulación y el fraude (flujo de dinero negro), se obstruye la actividad productiva, y se debilita la tesorería del Estado justo cuando tiene que hacer frente a la llamada de socorro de la economía.

Un Mariano Rajoy sin argumentos reivindicaba la reducción de impuestos cuando estaba en la oposición. Lo mismo que las subidas y bajadas de los tipos de interés resultan inútiles cuando la desproporción entre ingresos y gastos supera cierto margen, de qué nos sirve una ínfima alteración en la retención fiscal inmediata que, para colmo, resta fondos al gasto público que ha de socorrernos y amortiguar nuestra situación. Rajoy mintió.

En los últimos quince años, desde el Gobierno José María Aznar, luego con José Luis Rodríguez Zapatero, para terminar con el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, han procurado menguar los derechos y libertades de la ciudadanía mientras se incrementan los privilegios y la corrupción en la clase política. La sociedad española toma conciencia y se rebela. Estamos inmersos en un proceso gradual, dinámico.

Los partidos políticos no aportan soluciones, las Cortes Generales no representan la voluntad del pueblo, los parlamentarios viven ajenos a las auténticas reivindicaciones de la población. El retroceso económico, político y social se debe a la mala gestión del turno pancista. La ineptitud de los gobernantes desencadena la fulminación de la clase media y el incremento de la pobreza.

Corrupción judicial en España

«La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero». (Donatien Alphonse François, Marqués de Sade)

«Muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia». (Bertolt Brecht)

La judicatura española es un nido de corrupción. No hay manera de atajar el endémico estado de prevaricación en la magistratura y el ministerio fiscal. La prevaricación omisiva no se penaliza, significando la principal causa de inoperancia del sistema judicial.

Ningún magistrado tiene razón para considerar subjetivamente si tiene a bien admitir o no a trámite la incoación inexcusable de un procedimiento; la inadmisión caprichosa constituye una prevaricación omisiva. El abandono de la tutela judicial supone un delito de obstrucción imputable al juez y el fiscal, sumando la arbitraria connivencia en el hecho que se pretendía juzgar. El funcionario negligente no debe quedar exento de responsabilidad penal y civil cuando falta a su obligación.

Cualquier denuncia contra un miembro de la judicatura se archiva sin darle curso, y el denunciante se convierte en denunciado en un clarísimo acto de represalia. Un auto de archivo sin razonamiento legal implica la continuidad de la infracción, su agravamiento y encubrimiento. El colectivo entero ha establecido una organización criminal orientada a la conspiración y el concierto delictivo para eludir la responsabilidad civil y penal que debería incluir a los instructores que no respetan el marco jurídico.

Las resoluciones son ilógicas y arbitrarias. Una sentencia irracional e incompleta comprende la comisión de uno o varios delitos cometidos por los responsables del órgano procesal. Con ello, están vulnerando los derechos fundamentales. La inmunidad de los magistrados y fiscales representa una amenaza para el Estado de derecho. Ningún juez puede quedar impune cuando infringe la ley o se la inventa. Nos engañan proponiendo una simple inhabilitación cuando corresponde pena de cárcel para estas trasgresiones. El corporativismo de los funcionarios es un atentado contra la democracia.

Los jueces y fiscales que incumplen su obligación profesional incurren, como mínimo, en cinco delitos simultáneos: obstrucción a la justicia, falsedad en documento público (cuando niegan las evidencias), prevaricación, encubrimiento, además  del abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos, a lo que se suman las habituales faltas por desatención, inobservancia, ignorancia inexcusable en el cumplimiento del deber y posibles abusos de autoridad. Deben actuar, mas no lo hacen porque no les da la gana.

El poder judicial está infringiendo todos los preceptos constitucionales establecidos en nuestra carta magna. Hay una responsabilidad civil y penal derivada del continuo quebrantamiento que deben asumir; la penal tiene nombres y apellidos, no basta con señalar el organismo o conjunto que representan.

Los jueces y fiscales no son autónomos ni independientes, se corrompen en el ejercicio diario por su relación con los grupos políticos, lobbies y otros funcionarios. El proceso judicial es un engaño. La perversión institucional es completa. No hay división de poderes.

Para desgracia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, los jueces y fiscales son intocables, ningún Gobierno se ha atrevido a despojarles de sus inmerecidos privilegios legales. En consecuencia, estos funcionarios están exentos de responsabilidad frente al desenfreno judicial en las resoluciones por ellos tomadas. Para afianzar la inmunidad en cualquier circunstancia, los diputados, senadores, parlamentarios regionales de los partidos más votados, y los miembros del Gobierno central y autonómico, tienen pleno control sobre los componentes del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, el Constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia y el Fiscal General del Estado, los cuales, a su vez, también gozan de igual prerrogativa de aforamiento y dependen del voto político para su elección. Romper la disciplina de partido trae consigo la represalia contra el cargo electo díscolo. No hay independencia judicial.

La prevaricación de los funcionarios de justicia puede ser recompensada sin levantar ningún tipo de recelo por esta compra encubierta. El cohecho, la malversación de caudales públicos, la apropiación indebida, se ocultan detrás de un aparente contrato legal, como puede ser el nombramiento para un órgano superior, un cargo político, o el fichaje en una universidad como profesor asociado a tiempo parcial, lo que permitirá obtener unos ingresos extraordinarios de un modo muy sutil.