Con el fracaso del golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 no se consolidó ninguna democracia en España porque nunca la hubo. No podemos llamar democracia a un sistema político donde no hay separación de poderes, donde los parlamentarios únicamente representan sus propios intereses y no los de los ciudadanos, donde predomina un régimen de corrupción sistémica que afecta a todas las instituciones, donde hay 17.621 cargos públicos y funcionarios gozando de la prerrogativa constitucional de aforamiento (impunidad), donde los gobernados no tienen un representante político al que dirigirse y donde no se garantizan ni los derechos establecidos en una constitución que más bien asemejaba una carta otorgada redactada al arbitrio de los siete ponentes que diseñaron el principio de la más oscura partidocracia. El golpe de Tejero no atentaba contra la democracia sino que resultaba una amenaza para quienes habían logrado aferrarse al poder y a sus privilegios fingiendo representar los intereses del pueblo español.
